La que se ha liado con las pensiones...

Hace dos días el Gobierno aprobó una propuesta para elevar la edad límite de jubilación hasta los 67 años. La verdad es que no soy un gurú económico, sino un modesto proyecto de politólogo, pero me voy a atrever a hacer un aventurado análisis sobre un asunto puesto que se ha abierto la caja de los truenos en un tema muy delicado. Estoy abierto a todo tipo de correcciones. En este caso, escribo con vocación de equivocarme.

Para empezar y advertir al lector, diré que las variables de análisis son muy cruzadas así que intentaré ordenar: Partimos de una premisa que la mayoría de los que somos de izquierdas compartimos: queremos un sistema público de pensiones.

Pero para ello tenemos condicionantes:

En primer lugar, la cuestión demográfica. Es simple. Mayor esperanza de vida y baja tasa de natalidad. Según el INE en 2050 la tasa de personas mayores de 64 años será del 30%, con lo que esto supone para el gasto en pensiones de la seguridad social y el gasto sanitario o de dependencia. (del 46% al 90% de la población, menores de 16 años o mayores de 64.)

En segundo lugar. El propio Cándido Méndez ha reconocido que los jóvenes cada vez entran más tarde en el mercado laboral y las prejubilaciones están a la vuelta de la esquina. La edad real de jubilación está en los 52 años. Cotizamos durante menos tiempo.

En tercer lugar. La alta tasa de desempleo, especialmente el desempleo a edades tardías, complican enormemente las posibilidades de muchos ciudadanos de alcanzar una cotización digna. La situación de estancamiento del empleo que se va a prolongar durante varios años y la reducción de cotizantes a la seguridad social son otras de las razones que me llevan a pensar que es una reforma necesaria a largo plazo.

Por lo tanto. ¿Reforma Necesaria? Sí. Ahora la pregunta es…¿en qué términos?

La necesidad de mantener un sistema público de pensiones en las condiciones que hemos relatado requiere de un aumento de los ingresos públicos, en primer lugar. ¿Cómo aumentamos estos ingresos? Podemos elevar los impuestos, especialmente a las rentas exentas de imposiciones justas, como por ejemplo, las SICAV.

También podemos aumentar la base de cotización para ciertos años. Los sindicatos han planteado unas “pensiones a la carta” facilitando al trabajador elegir durante qué momentos de su vida laboral cotizará más, propuesta que choca con el sistema actual donde se cotiza más los últimos 15 años.

Otra de las propuestas con más visión de futuro, a mi juicio, es introducir limitaciones a las jubilaciones anticipadas. No es justo que algunos trabajadores se jubilen a los 52 años de manera voluntaria a sabiendas de que su futuro está garantizado por un mayor nivel de renta o de propiedades, mientras que otros lo hacen de manera precoz por un puro interés empresarial. E igualmente injusto parece que un trabajador deba trabajar hasta los 67 años en un trabajo 100 veces más duro y peor remunerado que otro que puede prejubilarse a los 55 con una pensión considerable.

Favorecer la creación de empleo es otra de las premisas para que el sistema funcione, pues esto mejoraría el flujo circular de la renta, aumentando los ingresos del Estado vía impuestos, y favoreciendo la actividad y el consumo.

Ahora bien…afrontemos un debate serio:

He leído comentarios en blogs acertados por una parte, que vienen a decir que desde el PSOE se ha puesto a huevo un debate antisocial, que nos deja excesivamente cerca de la posición del PP y de los empresarios, que siempre, y lo digo bien alto, siempre han apostado por esta medida. Recuerden sino a Rodrigo Rato. Sin embargo, en muchos casos la reticencia no es tanto al debate como a tomar la iniciativa de abrir el debate. ¿Por qué tiene que ser la izquierda? Si somos partidarios de la reforma, una vez abierto el debate hay que encaminarlo por donde nosotros queremos:

Por elevar determinados impuestos.

Por aumentar el periodo de cotización máxima.

Por desarrollar medidas para limitar las jubilaciones anticipadas y que la jubilación real vaya retrasándose paulatinamente.

Por desarrollar políticas activas de empleo y reciclaje.

Por introducir matices al retraso legal, en función del tipo de empleo.

Por mantener y potenciar medidas para elevar la tasa de natalidad.

Por aumentar los servicios destinados a dependencia, construir servicios sanitarios adecuados, y residencias públicas.

Por defender nuestro sistema financiero y fiscal de los ataques injustos del exterior.

Por tener, en definitiva, un sistema de pensiones fuerte, que no nos lleve al engaño de las ventajas de los planes privados de pensiones para crear jubilados de dos niveles.

Debate demasiado serio como para, una vez abierto, tomárselo a la ligera. ¿Por qué se ha abierto este debate? Por un guiño a Davos. El Gobierno peca de poca comunicación con sus bases y de no tener un criterio firme y unificado al dar un paso así, cosa que no se debe desdeñar. Las formas no acompañan pero mucho es lo que hay en juego y para bien o para mal hemos acelerado el proceso para definirlo. Y yo no se vosotros, pero yo de mayor, quiero vivir en un país con un sistema público de pensiones JUSTO.