RTVE "a la Carta" del Gobierno

Televisión Española se ha convertido en un campo de batalla innecesario en el escenario político español. La Constitución Española garantiza a través del artículo 20 que la radio y la televisión públicas han de estar guiadas por el pluralismo, la veracidad y la accesibilidad de tal forma que se consiga crear una opinión pública formada. Digamos que la Constitución protege los derechos de información, expresión y acceso a la información necesarios para garantizar el mejor desarrollo de la vida democrática.

De este argumento general se deriva la definición de RTVE como un servicio público, que se debe al interés general de los ciudadanos. Dentro de estos intereses está por un lado la gestión eficiente de los recursos por aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir la corporación y, paralelamente, por otro lado, la garantía de que dentro de los contenidos de RTVE han de verse insertados valores democráticos y libertades básicas como la de expresión, pero también intereses como la promoción e internacionalización de la cultura (de todas las culturas), la educación, el medio ambiente, los derechos del menor, etc. RTVE tiene que ser gestionada de forma eficaz pero sin dejar de cumplir su deber en una sociedad democrática como la española. Eso significa que lo de menos es la audiencia.

Todos estaban de acuerdo en lo fundamental cuando se acordó la carta magna y desde entonces nadie estuvo de acuerdo en el funcionamiento de RTVE: y todo por el dichoso poder. A todos los ejecutivos se les acusó de utilizar de forma partidista RTVE. Ya sabéis, la información es poder, y la cadena pública ha sido siempre, y de largo, líder de audiencia en los programas informativos. Todos se quejaban del PSOE con Felipe González, luego todos del PP con José María Aznar y luego el PP (los demás no) contra Zapatero. Victimismo y certeza a partes iguales, aunque está visto que Rajoy quiere retomar la unanimidad de la mala crítica.

En 2006 se aprobó una Ley que establecía un nuevo modelo para RTVE. En primer lugar se absorbía la deuda de casi 7.900 millones de € que acumulaba el organismo estatal,  y se asignaba una cantidad más o menos digna de los Presupuestos Generales del Estado; se realizó un plan de modernización ampliando canales temáticos (infantiles, deportivos, culturales, etc) de cara a la implantación del TDTy dando una vuelta de tuerca a la página web con el lanzamiento de la TV a la Carta, algo en lo que RTVE fue pionera frente a las privadas y que le ha valido más de un y de dos halagos, pero que en el fondo no era sino acompasar España, otra vez, con Europa.

Se estableció un estatuto para el Consejo de Administración en el que se regulaban los requisitos personales y curriculares de los consejeros, se creó un Consejo de Información independiente para velar por la imparcialidad y la veracidad en los informativos. Y lo más importante, tanto el Consejo de Administración como su Presidente tenían que ser elegidos por los 2/3 del Congreso = 231 diputados. Esto provocó que PSOE y PP pactaran dos Presidentes de RTVE que han tenido el honor de presidir una corporación que ganó en imagen, solvencia y prestigio. La herencia recibida, ya sabéis. 

Yo me pregunto...Si el modelo funciona y era reconocido por la sociedad… ¿Por qué se cambia la forma de elegir Presidente a tan solo mayoría absoluta? ¿Es por los mercados o por inseguridad partidista? Decenas de encuestas demuestran que RTVE ha dado un salto de calidad y aceptación social, hemos pasado de “Noche de fiesta” a “Aguila roja” o de “CE CE O O” a “59 segundos” y “Tengo una pregunta para usted”. Si los dos objetivos son gestionar eficazmente RTVE y garantizar la calidad del servicio público: ¿no será mejor un Consejo de Administración y un Presidente con la legitimidad de todos los grupos parlamentarios? Nos colocan a un desconocido con el único apoyo del PP.

Pero los datos están ahí. Cuando lo de menos fue la audiencia, la audiencia no ha dudado en elegir a RTVE.