RTVE "a la Carta" del Gobierno

Televisión Española se ha convertido en un campo de batalla innecesario en el escenario político español. La Constitución Española garantiza a través del artículo 20 que la radio y la televisión públicas han de estar guiadas por el pluralismo, la veracidad y la accesibilidad de tal forma que se consiga crear una opinión pública formada. Digamos que la Constitución protege los derechos de información, expresión y acceso a la información necesarios para garantizar el mejor desarrollo de la vida democrática.

De este argumento general se deriva la definición de RTVE como un servicio público, que se debe al interés general de los ciudadanos. Dentro de estos intereses está por un lado la gestión eficiente de los recursos por aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir la corporación y, paralelamente, por otro lado, la garantía de que dentro de los contenidos de RTVE han de verse insertados valores democráticos y libertades básicas como la de expresión, pero también intereses como la promoción e internacionalización de la cultura (de todas las culturas), la educación, el medio ambiente, los derechos del menor, etc. RTVE tiene que ser gestionada de forma eficaz pero sin dejar de cumplir su deber en una sociedad democrática como la española. Eso significa que lo de menos es la audiencia.

Todos estaban de acuerdo en lo fundamental cuando se acordó la carta magna y desde entonces nadie estuvo de acuerdo en el funcionamiento de RTVE: y todo por el dichoso poder. A todos los ejecutivos se les acusó de utilizar de forma partidista RTVE. Ya sabéis, la información es poder, y la cadena pública ha sido siempre, y de largo, líder de audiencia en los programas informativos. Todos se quejaban del PSOE con Felipe González, luego todos del PP con José María Aznar y luego el PP (los demás no) contra Zapatero. Victimismo y certeza a partes iguales, aunque está visto que Rajoy quiere retomar la unanimidad de la mala crítica.

En 2006 se aprobó una Ley que establecía un nuevo modelo para RTVE. En primer lugar se absorbía la deuda de casi 7.900 millones de € que acumulaba el organismo estatal,  y se asignaba una cantidad más o menos digna de los Presupuestos Generales del Estado; se realizó un plan de modernización ampliando canales temáticos (infantiles, deportivos, culturales, etc) de cara a la implantación del TDTy dando una vuelta de tuerca a la página web con el lanzamiento de la TV a la Carta, algo en lo que RTVE fue pionera frente a las privadas y que le ha valido más de un y de dos halagos, pero que en el fondo no era sino acompasar España, otra vez, con Europa.

Se estableció un estatuto para el Consejo de Administración en el que se regulaban los requisitos personales y curriculares de los consejeros, se creó un Consejo de Información independiente para velar por la imparcialidad y la veracidad en los informativos. Y lo más importante, tanto el Consejo de Administración como su Presidente tenían que ser elegidos por los 2/3 del Congreso = 231 diputados. Esto provocó que PSOE y PP pactaran dos Presidentes de RTVE que han tenido el honor de presidir una corporación que ganó en imagen, solvencia y prestigio. La herencia recibida, ya sabéis. 

Yo me pregunto...Si el modelo funciona y era reconocido por la sociedad… ¿Por qué se cambia la forma de elegir Presidente a tan solo mayoría absoluta? ¿Es por los mercados o por inseguridad partidista? Decenas de encuestas demuestran que RTVE ha dado un salto de calidad y aceptación social, hemos pasado de “Noche de fiesta” a “Aguila roja” o de “CE CE O O” a “59 segundos” y “Tengo una pregunta para usted”. Si los dos objetivos son gestionar eficazmente RTVE y garantizar la calidad del servicio público: ¿no será mejor un Consejo de Administración y un Presidente con la legitimidad de todos los grupos parlamentarios? Nos colocan a un desconocido con el único apoyo del PP.

Pero los datos están ahí. Cuando lo de menos fue la audiencia, la audiencia no ha dudado en elegir a RTVE.

LA HORA DE LA VERDAD

España es un país democrático, que en su constitución establece los derechos y libertades de los que gozan sus ciudadanos, que han de verse acompañados de los valores dogmáticos de convivencia entre españoles garantizados por la ley y la justicia. En España reconocemos por la Constitución la economía de mercado como una herramienta de progreso, pero siempre y cuando se respeten unos límites establecidos en el Capítulo III del Título I de la Constitución sobre la política social y económica y desarrollada en leyes.

A grandes rasgos, éste es el modelo de país que los españoles decidieron apoyar en 1978, un camino por el que transitar de una dictadura a una democracia y para algunos, con modificaciones urgentes, sigue siendo un camino loable y una herencia reconocible.

Durante los años de democracia España ha dado lugar a hitos importantísimos en su historia contemporánea: ha construido un sistema educativo universal y obligatorio, una sanidad universal y gratuita, un sistema público de pensiones. Además, alrededor de todos estos sistemas toda una serie de prestaciones que permiten a los ciudadanos acceder a unos mínimos recursos en los que apoyarse para lograr las mismas oportunidades que aquellos que tuvieron la suerte de nacer en familias más adineradas (Ayudas, subvenciones, becas, ayudas a la dependencia, etc). Y todo ello dentro de una inserción en Europa que nos ha hecho más libres, más ricos y más fuertes. La otra cara de la moneda es que para sostenerlo tenemos que pagar impuestos: lo bueno es que ahora, a diferencia de los años 50, tenemos un sistema fiscal más progresivo que hace pagar más a quien más renta tiene, a quien obtiene beneficios, a quien más capacidad de compra ejercita…etc.

Se han cometido errores, pero ahora no estamos para fustigarnos. Ahora tenemos todo que defender y a la vez mucho que ganar y que perder. Toca explicarnos a los españoles que nos equivocamos cuando accedimos a pensar que podíamos sostener el modelo pagando una menor proporción de nuestras ganancias. Toca explicarnos que en tiempos de bonanza no éramos más ricos porque nos comprábamos casas, coches y vacaciones con las que hasta hace 15 años ni soñábamos, sino más pobres  porque lo hacíamos endeudados y que es precisamente eso lo que estamos pagando ahora.

Estoy convencido de que si preguntamos a la gente si quiere una sanidad universal y gratuita dirá que sí;  si quiere un sistema educativo universal, gratuito y obligatorio; si quiere un sistema público de pensiones…a todo ello dirá que sí. No tengo tan claro que diga que sí a pagar los impuestos necesarios para sostener esos sistemas sin estrés. Y este es un trauma cultural que nos costará tiempo superar sino renovamos el pacto para reconstruir un modelo de convivencia en el que queden claros los beneficios y los costes o, lo que en política se llama derechos y deberes.

Dejemos claro qué país queremos, el de los 545 puntos básicos de prima de riesgo, sin acuerdos, sin pactos, sin convivencia, de los balones fuera y la irresponsabilidad. O el país responsable, seguro de sí mismo, que defiende su modelo de convivencia, con rumbo fijo y consensuado, que hace de verdad sus deberes. Es urgente no caer en el desastre.

Siempre se ha dicho que existen dos Españas: “una España muerta, hueca y carcomida, y otra nueva, afanosa, aspirante y que tiende hacia la vida” (Ortega). Yo vivo en medio de las dos, con ganas de repetir la victoria de la segunda.

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Hoy hay que leer...
http://elpais.com/elpais/2012/05/31/opinion/1338475092_453958.html

Bye Bye ninety six

Dicen las encuestas del CIS, que los primeros meses desde la entrada de un nuevo Gobierno suelen ser políticamente bastante dulces. Es normal que los electores den a sus nuevos dirigentes un voto de confianza cuando acaban de llegar.

Sin embargo, el acelerado deterioro de la imagen del actual gobierno es cuando menos para preocuparse y, aunque todavía no lo sabemos, la intención de voto con respecto a las elecciones generales ha podido sufrir variaciones significativas en poco tiempo. Al menos esa es la lógica que parece desprenderse de los resultados de las elecciones andaluzas y asturianas. En Andalucía, el PP aspiraba a obtener una contundente mayoría absoluta y sin embargo solo 3 escaños y un 1% de votos le separan del PSOE. En Asturias, donde aspiraban a desbancar a Foro Asturias como segunda fuerza en votos, se han quedado terceros, perdiendo porcentajes y ganando un solo escaño.

Decían los dirigentes populares durante la campaña de noviembre que, como en 1996, el Gobierno del PP supondría el bálsamo de tranquilidad y soluciones que inmediatamente tendría efecto, no solo sobre la economía y la política en España, sino sobre la vida particular de las familias e individual de los ciudadanos y ciudadanas. Alardeaban entonces de un discurso y un diagnostico realista y sin embargo ahora alcanzan a ver cuan soñadoras eran sus alucinaciones antes del 21 de noviembre.

Haría falta un análisis pormenorizado de la situación económica actual y la de 1996 a nivel económico, pero probablemente esa situación sería muy distante. Aun con el escaso conocimiento que tengo sobre esto podría asegurar que en marzo de 1996 en España se crecía y se creaba empleo tímidamente. En noviembre de 2011 en España hay recesión y más paro, la crisis más fuerte desde los años 30 y un Partido que dice que, al día siguiente de su llegada, todos estaremos mucho mejor. Resulta que quienes acusaban a Jose Luís Rodríguez Zapatero de haber negado la crisis cometieron un error similar: aunque su discurso en la oposición era apocalíptico alimentaron hasta límites insospechados las expectativas sobre su futuro gobierno. Si sabían hacerlo y todo iba a ser tan soñador para todos, ¿por qué han recortado en todo, incluso en pensiones?

En cualquier caso, ese no es el debate. La cosa es que 1996 no es 2012 y Mariano Rajoy, pese a su mayoría absoluta tiene menos margen político que cualquier otro Presidente del Gobierno entrante hasta la fecha. Porque la situación económica sigue siendo percibida como muy mala, y las expectativas son desfavorables. Porque los ciudadanos tienen una valoración de la política y de sus políticos pésima. Y porque, fundamentalmente, en la parte que más deberían aprovechar su imagen de nuevo gobierno de centro (derechos y libertades políticas) no han sabido sacarle partido. Digamos que el margen de confianza ante los ciudadanos ha sido efímero, y eso puede pasarle factura al gobierno en cuanto a su imagen exterior.

El CIS nos muestra en qué condiciones está sustentada la mayoría política de Rajoy. La confianza en el depositada no se debió a un crecimiento exponencial del voto al Partido Popular sino al hundimiento del Partido Socialista. Pero es que además, la valoración del Presidente del Gobierno y de su propio gobierno nada más llegar, será de las peores que han tenido nuestros presidentes primerizos.

Gobierno PP CIS Enero 2012

Gobierno PSOE CIS Abril 2004

Presidente PP CIS Enero 2012

Presidente PSOE CIS Julio 2004

PD: De todas formas, sí que hay algo en lo que se parecen 2012 y 1996. Entonces como ahora, Arenas se quedó a las puertas de ser Presidente de Andalucía.

TODOS LOS CORRUPTOS A LA CARCEL

No entiendo de derecho más que lo justo. Es verdad, por lo tanto, que nadie quiera ver aquí la opinión de un experto. Ni lo soy ni me considero tal. Vaya por delante pues mi más profundo respeto por quienes profesan tareas en el ámbito del derecho y de la justicia; faltaría más que ahora fueran a pagar justos por pecadores, aunque en realidad es eso justo lo que está pasando.

¿Por qué sino todos aquellos que nos revelamos contra la corrupción salimos perjudicados con esta sentencia? ¿Van a sentirse los ciudadanos más identificados con su sistema judicial gracias a este ejemplo? ¿Se podría pensar que nuestro sistema democrático sale bien parado tras este fallo? Creo que nadie podría decir que sí a ninguna de las dos últimas preguntas. Creo que nadie dejaría de admitir lo frentista e hipócrita del comportamiento de quienes defienden la sentencia ahora, pero han alentado o pasado por alto todas y cada una de las situaciones en las que la politización del sistema judicial en unos casos, o la sencillamente mal aplicada legislación en otros, han producido daños contra nuestro sistema político.

Y es que para mí esa es la preocupación. Últimamente los asuntos judiciales que han sido comprometidos han causado serios daños a la legitimidad de nuestro sistema político y judicial y puede que estemos llegando a un punto de no retorno en el que los ciudadanos no podrán recuperar la confianza ya no solo en sus políticos, tampoco en quienes se supone que los controlan. ¿Cómo van a confiar en un sistema que castiga al juez y deja impune al corrupto? Más allá de cualquier consideración partidista ¿alguien podría imaginarse la sensación de que castigaran a la víctima de un robo y dejaran en la calle al ladrón? Es tan simple y llano como esto.

Si seguimos así no lograremos otra cosa que hacer añicos el apoyo al régimen político democrático que, por otra parte, debe esforzarse en dotarse de un sistema judicial más garantista, más independiente, más confiable que el actual. Y parece bastante probable que como muchos sectores están jaleando su capacidad para salir impune, o para darle la vuelta a situaciones judiciales adversas con la mayor inverosimilitud, deberíamos comenzar a revisar leyes con carácter retroactivo y, sin ánimo de ofender a nadie… TODOS LOS CORRUPTOS A LA CARCEL.

YO SÍ QUIERO EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA

Hoy se ha anunciado la intención del Gobierno de derechas de eliminar del currículum educativo la asignatura de Educación para la Ciudadanía y su sustitución por otra “más acorde a los contenidos Constitucionales y que no impida la libre elección de los padres por la educación de sus hijos”. Esta noticia la he acogido con estupor y rechazo, no solo porque ya existe una sentencia del Tribunal Supremo que niega esos argumentos; y tampoco solo porque fuera una petición de instituciones europeas ante la escasa formación en valores cívicos de la que adolecía el sistema educativo español. En realidad el rechazo ante de esta medida del Gobierno viene más marcada por la defensa de la asignatura tal y como estaba.

¿Por qué tal y como estaba? En primer lugar porque, quien haya leído o haya visto un libro de EpC no podrá encontrar en él ni un solo contenido que no fuera pactado con la totalidad de la comunidad educativa conformada en 2006, incluidos los colegios concertados católicos. En segundo lugar porque, tampoco se podían encontrar en los contenidos otros principios o valores que no estuvieran ya inmersos en la propia Constitución Española. ¿Acaso no enseñaba la asignatura que todos somos iguales ante la ley? ¿O que nadie debe sufrir discriminación por razón de su ideología, conciencia religiosa, raza, género u orientación sexual?

Es precisamente la sexualidad el tema que más rechazo generó en su momento. ¿Podían los colegios católicos aceptar la homosexualidad como un hecho normal? ¿Cometió el Gobierno un error consensuando dichos contenidos? ¿A quién debía adaptarse la ley: a la minoría social que todavía no concibe la existencia del hecho de la homosexualidad o a la mayoría social que es tolerante?

El Gobierno actuó con la máxima prudencia ante cualquier tema delicado y se encontró con una oposición política y social conservadora y católica que rechazaron la asignatura amparándose en que “era una materia para que las elecciones las ganara siempre el PSOE”, porque contenía poco menos que su ideario. Difundir esa opinión era la mejor manera que tenían y que encontraron para criminalizar la enseñanza de valores con los que, en realidad, pocas veces estuvieron de acuerdo. ¿Atención a la diversidad? ¿Derechos sociales? ¿Civismo? ¿Tolerancia? ¿Pluralismo? ¿Familias diversas? A estas alturas está claro que para la jerarquía, no todos somos hijos del señor.

Pero en realidad hay un motivo mucho más profundo para defender esta asignatura. ¿Qué es la calidad de la enseñanza? ¿Saber muchas matemáticas, muchas ciencias o mucha historia? ¿Se define la educación como el conjunto de materias impartidas durante las distintas etapas educativas? Considerar que la calidad de la enseñanza está relacionada únicamente con los resultados es un argumento tan manido y antiguo como erróneo y retrógrado. Cuando tenga hijos no quiero que sean unos tipos inteligentes sin valores humanos. Los valores que enseñaba esta asignatura eran tan útiles o más que utilizar las formas de cálculo con soltura. Cuando tenga hijos, además de que sepan valorar sus propios resultados, quieron que sepan relativizar los logros de sus compañeros atendiendo a que puedan tener dificultades en el estudio. Y si soy padre, tendré muy en cuenta aquellos centros donde haya un amplio número de profesores por alumno, que atiendan debidamente las necesidades de todos y cada uno a la vez que integran al conjunto. La calidad de la enseñanza está relacionada tanto con los resultados como con la metodología utilizada, así como con los valores del propio sistema y su asunción por parte de la comunidad educativa. Sin Educación para la Ciudadanía perdemos la única oportunidad que habíamos construido hasta ahora para vertebrar el sistema entorno a una educación útil gracias a aquellos valores cívicos que permiten el asentamiento de las democracias.

El pais de la reforma olvidada

Corria el año 2003 cuando todos en España sabíamos que se había desarrollado una burbuja inmobiliaria. Estaba en casi todos los diarios de la prensa escrita, en las columnas de los diarios digitales, en revistas especializadas. De hecho, muchos temieron que con la llegada del entonces nuevo gobierno socialista sus sueños de prosperidad crediticia se fueran al traste por las buenas intenciones de un gobierno que llegó tarde al desinfle de una de las causas que nos han llevado hasta esta nuestra crisis.

Durante años, aquel gobierno defendió una tesis de la que muchos seguimos siendo partidarios: cambiar el modelo productivo y hacer las reformas necesarias para que España construyera un sistema económico diversificado, cualificado, exportador aprovechando que la prosperidad de aquellos años había dado como fruto una generación de jóvenes especialmente bien preparada, informada y con un nivel adquisitivo creciente. Para ello era necesario ofrecer seguridad laboral a unos trabajos temporales y precarios excesivos, flexibilidad en los horarios para compaginar estudios y trabajo, incentivar la creatividad y la productividad de esos trabajadores con cualesquiera que fueran, entonces, los incentivos necesarios (incentivos que hasta cierto punto todavía desconozco).

Muchos reprobarán a este bloggero que efectivamente, aquel gobierno entrante tuvo 7 años y medio para mejorar las cosas y perdió su oportunidad. Sería tontería negar que el PSOE ha perdido las elecciones de manera abrumadora y no digo más. Sin embargo, además de la autocrítica necesaria, que brota últimamente hasta niveles cercanos al rubor colectivo, yo quiero rendir tributo a muchas de las iniciativas de aquel gobierno para mejorar las cosas, e incluso a sus resultados. Porque con aquel gobierno, más jóvenes de rentas bajas y medias disfrutaron de una ayuda para estudiar, contaron con una ayuda para emanciparse y formar un proyecto libre, tuvieron mejor acceso a fondos dedicados a I+D+i, vieron incrementado el Salario Mínimo Interprofesional, reconocidos sus derechos como becarios, entre ellos, cotizar a la seguridad social. Durante la crisis, las empresas españolas exportaron más de lo que importaron. Además de errores, se cometieron muchos aciertos.

¡Pero qué cosas digo! Se me olvidaba que Zapatero es el diablo y no solo causó sino que empeoró esta crisis, incluso cuando abandonó su objetivo primario (pero lento) de cambiar el modelo productivo optando por los recortes, promocionando además todos los desfases y desmanes de la administración que no estaban ya presentes en España. No. Eran parte del malévolo plan de Zapatero para destruir la falsa prosperidad con la que el PP nos había obsequiado durante 8 años de gobierno de Aznar.

Se conoce que todavía soy un soñador y sigo pensando que hay alternativas a la política hueca de estrategia económica protagonizada por el recorte.

¿Diferencias?

Dicen que las diferencias políticas entre PP y PSOE se han estrechado tanto que es difícil atisbar cualquier tipo de actuación que se desmarque de lo que eventualmente podría hacer tanto uno como el contrario. Yo no estoy de acuerdo claro. Diferencias hay muchas, desde diferencia orgánicas, desde diferencias en el concepto de militancia, desde la manera de gestionar una victoria, una derrota, de ejercer el poder o la legítima oposición. Diferencias hay tantas que las pocas instituciones donde todavía podemos observar las evidencian hasta en aquellas materias donde más se acusa a los socialistas de haberse derechizado: la política económica y los recortes sociales.

Dicho sea que no seré yo quien niegue la mayor y quien no acepte por parte de nadie una sola crítica a mi ahora saliente gobierno. Dicen que el necio nunca cambia de opinión y yo estoy dispuesto a hacerlo si me corrigen lo suficiente. Pero ahí va el hecho: La Junta de Andalucía ha convocado plazas para 2.389 profesores de secundaria mientras que gobiernos de derecha no solo no las han convocado sino que no han dudado en mandarlos a la calle, aumentar sus horas lectivas, reducirles el sueldo…todo ello con las consecuencias que dichas medidas tienen para los alumnos y la calidad de la enseñanza: descenso de los recursos del profesorado, aumento de la ratio profesor/alumnos, pérdida de atención individualizada y a la diversidad, factores todos ellos que han sido claves para reducir las tasas de abandono y fracaso escolar en los últimos años.

No entro en la gestión económica de la Junta de Andalucía porque no la conozco lo suficiente como para pretender defenderla con vehemencia de militante anticrítico (de un hooligan). Lo único que puedo asegurar es que la diferencia entre este y otros gobiernos autonómicos está en que unos lo tocan todo menos la sanidad y la educación, mientras que otros empiezan y terminan sus recortes con la sanidad y la educación, con la firme estrategia de empeorar su funcionamiento para justificar su desmantelamiento.