Hoy se ha anunciado la intención del Gobierno de derechas de eliminar del currículum educativo la asignatura de Educación para la Ciudadanía y su sustitución por otra “más acorde a los contenidos Constitucionales y que no impida la libre elección de los padres por la educación de sus hijos”. Esta noticia la he acogido con estupor y rechazo, no solo porque ya existe una sentencia del Tribunal Supremo que niega esos argumentos; y tampoco solo porque fuera una petición de instituciones europeas ante la escasa formación en valores cívicos de la que adolecía el sistema educativo español. En realidad el rechazo ante de esta medida del Gobierno viene más marcada por la defensa de la asignatura tal y como estaba.
¿Por qué tal y como estaba? En primer lugar porque, quien haya leído o haya visto un libro de EpC no podrá encontrar en él ni un solo contenido que no fuera pactado con la totalidad de la comunidad educativa conformada en 2006, incluidos los colegios concertados católicos. En segundo lugar porque, tampoco se podían encontrar en los contenidos otros principios o valores que no estuvieran ya inmersos en la propia Constitución Española. ¿Acaso no enseñaba la asignatura que todos somos iguales ante la ley? ¿O que nadie debe sufrir discriminación por razón de su ideología, conciencia religiosa, raza, género u orientación sexual?
Es precisamente la sexualidad el tema que más rechazo generó en su momento. ¿Podían los colegios católicos aceptar la homosexualidad como un hecho normal? ¿Cometió el Gobierno un error consensuando dichos contenidos? ¿A quién debía adaptarse la ley: a la minoría social que todavía no concibe la existencia del hecho de la homosexualidad o a la mayoría social que es tolerante?
El Gobierno actuó con la máxima prudencia ante cualquier tema delicado y se encontró con una oposición política y social conservadora y católica que rechazaron la asignatura amparándose en que “era una materia para que las elecciones las ganara siempre el PSOE”, porque contenía poco menos que su ideario. Difundir esa opinión era la mejor manera que tenían y que encontraron para criminalizar la enseñanza de valores con los que, en realidad, pocas veces estuvieron de acuerdo. ¿Atención a la diversidad? ¿Derechos sociales? ¿Civismo? ¿Tolerancia? ¿Pluralismo? ¿Familias diversas? A estas alturas está claro que para la jerarquía, no todos somos hijos del señor.
Pero en realidad hay un motivo mucho más profundo para defender esta asignatura. ¿Qué es la calidad de la enseñanza? ¿Saber muchas matemáticas, muchas ciencias o mucha historia? ¿Se define la educación como el conjunto de materias impartidas durante las distintas etapas educativas? Considerar que la calidad de la enseñanza está relacionada únicamente con los resultados es un argumento tan manido y antiguo como erróneo y retrógrado. Cuando tenga hijos no quiero que sean unos tipos inteligentes sin valores humanos. Los valores que enseñaba esta asignatura eran tan útiles o más que utilizar las formas de cálculo con soltura. Cuando tenga hijos, además de que sepan valorar sus propios resultados, quieron que sepan relativizar los logros de sus compañeros atendiendo a que puedan tener dificultades en el estudio. Y si soy padre, tendré muy en cuenta aquellos centros donde haya un amplio número de profesores por alumno, que atiendan debidamente las necesidades de todos y cada uno a la vez que integran al conjunto. La calidad de la enseñanza está relacionada tanto con los resultados como con la metodología utilizada, así como con los valores del propio sistema y su asunción por parte de la comunidad educativa. Sin Educación para la Ciudadanía perdemos la única oportunidad que habíamos construido hasta ahora para vertebrar el sistema entorno a una educación útil gracias a aquellos valores cívicos que permiten el asentamiento de las democracias.
